“Es necesario crear un espacio en que la sociedad civil pueda participar y dialogar sobre la educación de personas jóvenes y adultas”, afirma Francisco Cabrera Romero
Por Marina Martins Gonzalez, para la CLADE
De cara a la reunión de balance intermedio de la VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), que tendrá lugar en octubre en la República de Corea, divulgamos una serie de entrevistas a expertas/os en educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) de América Latina y el Caribe, con miras a discutir los avances y desafíos pendientes respecto a la garantía de esta modalidad educativa como un derecho humano en nuestra región.
En esta tercera entrega, entrevistamos a Francisco Cabrera Romero, que integra el grupo de incidencia política del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) en Guatemala. “El analfabetismo es un tema poco visible en el país, a pesar de que es una cuestión bastante generalizada, especialmente en la zona rural”, afirma sobre el contexto guatemalteco, subrayando como principales desafíos de la EPJA el bajo financiamiento público y la falta de prioridad que tienen la alfabetización y la EPJA. Afirma que Guatemala mantiene un preocupante rezago con relación al resto de la región y que la visión de la alfabetización está aferrada a un enfoque intelectualmente pobre y sumamente tradicional.
Considerando la disponibilidad, el acceso y la calidad de la EPJA, ¿cuáles son, en tu mirada, los principales avances y retrocesos registrados en marcos legales, políticos e institucionales en su país, desde la CONFINTEA VI en Belém do Pará, Brasil?
En Guatemala la educación de personas jóvenes y adultas tiene dos ámbitos institucionales. Por una parte, está la que maneja la alfabetización de adultas/os, que es una entidad formalmente independiente del Ministerio de Educación que se denomina Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA). Ésta se encarga básicamente de la alfabetización y de programas acelerados para completar lo que equivale a la escuela básica; pero el énfasis está en la primera fase de la alfabetización. La otra parte está a cargo del Ministerio de Educación por medio de una dirección general denominada de Educación “Extra Escolar”, una de las direcciones más pequeñas y con escasísima cobertura en términos de la cantidad de estudiantes atendidas/os.
La alfabetización tiene una trayectoria bastante monótona en el país. Lo que se reporta anualmente es una reducción aproximada del 1% del analfabetismo absoluto de personas jóvenes y adultas. Este ritmo se mantiene desde hace 20 años. No se presenta ningún cambio de estrategia, de política novedosa, sino que en realidad es la forma más clásica y tradicional de hacer procesos de alfabetización, basados en una primera y corta fase.
No ha habido ninguna priorización tanto antes como después de la CONFINTEA VI. En el 2008, se formalizó el convenio con el programa Yo, sí puedo, que cubre apenas cerca de una cuarta parte de la población del CONALFA. Asimismo, faltan estadísticas fiables sobre la cantidad de personas que son analfabetas. Las proyecciones de población no son seguras y no se han hecho encuestas o estudios que confirmen que quienes cubrieron la primera fase de alfabetización efectivamente aprendieron y lo practican.
¿En su país, existen políticas y proyectos específicos que contribuyan al derecho a la EPJA que sean pertinente para grupos de población vulnerados?
Desde hace varios años CONALFA empezó a desarrollar programas de alfabetización usando idiomas indígenas. Pero el uso de los idiomas indígenas es parcial. Las personas finalmente aprenden a leer y a escribir en castellano, la mayor parte de las veces, aunque estén en modalidades de educación bilingüe.
Claramente, la población en situación de analfabetismo es mayormente indígena y rural, pero esta modalidad de alfabetización bilingüe utiliza el idioma indígena sólo de manera oral y la escritura se hace en castellano. No es, digamos, un programa completamente bilingüe. Es un programa pequeño y atiende a muy pocas personas. En Guatemala, hay 24 idiomas indígenas y el programa de alfabetización se hace en 16 de esos idiomas.
¿Existen proyectos para otros grupos específicos?
No hay ningún otro programa específico. Ni para mujeres, ni para personas con discapacidad, o jóvenes. La población que el CONALFA atiende está en su mayoría formada por mujeres, que es también la población con mayor porcentaje de analfabetismo. Pese a ello, no hay un programa que tenga un enfoque de inclusión de la mujer, o un programa que forme, por ejemplo, en derechos de las mujeres a la vez que alfabetiza. Iniciativas como estas existen en la sociedad civil, pero son bastante focalizadas.
Entre la sociedad civil, sí podemos encontrar muchísimos proyectos que enfatizan la participación de la mujer, la cuestión de género, el reconocimiento de la diversidad cultural, etc. Pero todos han sido de corta duración, como suelen ser los proyectos con financiamiento de la cooperación internacional. Finalizan y la experiencia termina, no se transforman en política.
¿Cuál es la participación de la sociedad civil en el proceso de discusión y diseño de las políticas de EPJA en el país?
La sociedad civil no participa. No hay articulación que permita espacios de discusión y construcción de políticas o programas. La participación se da a través de convenios específicos, por los cuales el CONALFA acredita los procesos de EPJA que desarrolla la sociedad civil. Lo que avala es básicamente que a un grupo específico se le está educando, que este está cumpliendo la fase inicial de la alfabetización y su seguimiento, llegando al equivalente a la escuela primaria o la escuela básica completa. Una buena parte de la población alfabetizada que CONALFA reporta ha sido alfabetizada por la sociedad civil en pequeños proyectos.
No hay ninguna mesa y ningún espacio que reúna a todas las organizaciones de la sociedad civil para que participen. No tienen ninguna participación en la toma de decisiones.
¿Cómo se da la presencia del sector privado en la EPJA del país?
La ley que creó el CONALFA establece que el Comité es una entidad independiente de cualquier ministerio o dependencia pública y que se integra por tres sectores: gobierno, sector privado y sindicatos de trabajadoras/es, con la existencia de un cuerpo directivo con representantes de cada una de estas partes. Tradicionalmente el sector privado ha tenido incidencia en la toma de decisiones. Yo creo que eso hace que CONALFA sea una entidad bastante conservadora en su enfoque y su vinculación con procesos transformadores para la vida de las personas que se alfabetizan.
Comúnmente los sindicatos que integran el Comité tienen muy poca relación cotidiana con la educación. Además, hay una desconexión muy notable entre esos sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil. Prácticamente no se conocen, no hay vínculos, no hay tampoco discurso ni agenda temática común.
¿Qué mecanismos de monitoreo y seguimiento se han establecido para las políticas de EPJA en su país?
No hay mecanismos regulares, pero hay esfuerzos periódicos que se hacen, sobre todo desde la sociedad civil. De todas formas, aún en la sociedad civil, el tema de la alfabetización y sus demandas tienen poca visibilidad.
En su país, los recursos del Estado y presupuestos asignados para garantizar la realización de la EPJA como derecho humano fundamental, ¿Son suficientes? ¿Se han incrementado?
Los recursos son muy escasos. Claramente, el presupuesto es insuficiente. Tampoco existe una estrategia, un plan nacional de alfabetización o algo similar que demandara más recursos. Los recursos para esta modalidad educativa no se han incrementado a lo largo de los años y se la mantiene con lo mínimo. El Ministerio de Educación no prioriza la alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas.
¿En qué medida el Estado se hace cargo de garantizar el derecho a la EPJA en su país, y en qué medida se ausenta o transfiere esa responsabilidad al sector privado, ONG u organizaciones comunitarias?
El gobierno hace muy poco. Permite y facilita que la sociedad civil lo haga. No hay otro actor que haga alfabetización en el país: básicamente es CONALFA y la sociedad civil en esfuerzos bastantes aislados y temporales, generalmente de muy corto plazo. Cuando finalizan los proyectos, CONALFA los asume, pero los trae a su método regular. De ningún modo continúa con el proceso innovador, ni asume sus ejes y énfasis prioritarios.
El CONALFA no hace educación popular, ni tiene el interés en hacerla. Si una ONG lo quiere hacer lo permite, pero no lo asume y el Ministerio de Educación tampoco. La educación popular es desarrollada por algunas organizaciones no gubernamentales y movimientos populares, completamente a margen del sistema.
Sólo para ilustrar un poco el tema, el gobierno pasado llegó a afirmar que el CONALFA ya no era necesario y se podía eliminarlo porque el indicador de analfabetismo absoluto había llegado hasta el 13% en el país, y que entonces los que quedan en situación de analfabetismo son personas muy mayores, y que la inversión no sería rentable, mejor deberíamos invertir en los niños pequeños. Ha habido todo un razonamiento con el objetivo de cerrar el Comité. No se ve y no se entiende la importancia que la EPJA tiene.
¿Qué recomendación específica haría a las autoridades de su país y también a las internacionales, para que se impulse el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe?
Creo que se necesita cambiar la forma de entender la educación de personas jóvenes y adultas. Hay varias acciones que en mi opinión son necesarias: en primer lugar establecer un dato más exacto de los niveles de analfabetismo absoluto y del llamado “funcional”. Temo que los datos oficiales son demasiado optimistas.
A partir de ello, hay que formular un plan nacional que no solo considere reducir los indicadores sino esencialmente vincular la alfabetización con procesos de desarrollo social y productivo. Hay que tener en cuenta que las personas que no saben leer y escribir son generalmente las que viven en condiciones de pobreza. Sirve de muy poco aprender a leer si esto no está asociado con mejores oportunidades.
Un plan nacional debe ser de largo plazo, lo que implica no solo la parte cuantitativa, sino un giro en la calidad de los procesos, la renovación de los enfoques de aprendizaje y la articulación con proyectos de vida personal y comunitaria. Hay que fortalecer el CONALFA, perfilar la coordinación con el Ministerio de Educación y tener un plan de largo plazo.
La experiencia internacional muestra que sirve poco reducir las tasas de analfabetismo absoluto cuando no hay oportunidades de continuar aprendiendo ni formas de sacar provecho a lo aprendido. El desuso lleva a la pérdida de lo aprendido y de nuevo a la situación inicial. Hace falta una perspectiva de largo plazo y vinculada con los procesos de desarrollo del país.
En América Latina y el Caribe la situación es similar por la desatención que la EPJA sigue teniendo. Hay solo unos casos especiales como Bolivia, Nicaragua y República Dominicana donde se han visto procesos de alta importancia en las políticas públicas. La región está rezagada. Hay que encontrar la forma de vincular el aprendizaje de las personas jóvenes y adultas con el desarrollo humano. Las estadísticas aisladas no deberían ser la preocupación principal.