Por Marina Martins Gonzalez, para la CLADE
Entrevista con Gloria Hernández, investigadora y docente del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. “Hoy en día, tenemos menos del 1% del presupuesto educativo nacional invertido en la EPJA. Por un lado, tenemos el desafío de los escasos recursos, que son insuficientes para atender a 31,9 millones de mexicanos y mexicanas en situación de exclusión educativa; por otro lado, tenemos el problema de la distribución interna de estos recursos. Los montos se dedican muchas veces a la burocracia, y no a la formación docente”, afirma.
¿Cuáles son los principales avances y retrocesos que se observan en términos de marcos legales, políticos e institucionales de la EPJA en su país, en los últimos 6 años?
En México, la situación de la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) es contradictoria: hay permanencias y hay algunas cosas nuevas, no siempre a favor de los acuerdos tomados en Belém do Pará. Permanece el carácter compensatorio de la política pública en materia de EPJA. Eso ha significado, como se sabe, escasos financiamientos. Es decir, es una política que mantiene lo compensatorio y, en ese marco, mantiene los bajos presupuestos.
El modelo nacional para la educación de jóvenes y adultos ha tenido como uno de sus grandes aciertos el modelo de educación para la vida y el trabajo. No obstante, ese modelo (un referente importante en el país y para América Latina y el Caribe), que incluso tiene un premio internacional porque se ha aplicado también a poblaciones indígenas y ha logrado la accesibilidad en la EPJA, no ha sido acompañado de una gestión institucional que lo favorezca.
Hay avances importantes para las poblaciones indígenas, personas adultas mayores que se están atendiendo, pero sigue siendo un fuerte desafío nacional crear otros modos de gestión institucional, que permitan garantizar el acceso y el pleno ejercicio del derecho a la educación.
¿En su país, existen políticas y proyectos específicos que contribuyan al derecho a la EPJA que sean pertinente para grupos de población vulnerados?
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) tiene una diversidad de programas. El MEVyT (Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo) que mencioné antes, en sí mismo, tiene una diversidad importante desde su concepción como modelo y currículo. Pero, faltan muchísimas mediaciones para poder lograr esa accesibilidad. También hay programas específicos para la población migrante, por ejemplo, la atención a personas mexicanas que están en Estados Unidos y pueden hacer sus estudios y certificarse a través de las clases comunitarias. Hay también programas para grupos indígenas, y se están desarrollando otras iniciativas para invidentes y módulos especializados para jóvenes. Es decir, hay un gran modelo nacional pedagógico curricular, llamado MEVyT. No obstante, insisto, faltan mediaciones que permitan llegar de una manera más exitosa a los grupos focalizados de población.
¿A qué se refiere con mediaciones?
Me refiero a mayor financiamiento, a formación específica de educadores y educadoras para esa población, y a una gestión institucional que recupere mucho más las políticas comunitarias. Asimismo, nos falta una política social con financiamiento y gestión intersectorial e interinstitucional, que es lo que venimos colocando siempre en las CONFINTEAs.
El MEVyT abarca la alfabetización y educación primaria y secundaria, a través de módulos básicos, pero también módulos diversificados. Abarca toda esa población que deja la educación básica en el país. Desde el 2011, la educación media superior también se hace obligatoria. Sin embargo, respecto a las y los jóvenes todavía hay un gran desafío de acceso y permanencia escolar. Es una población amplia y que está al margen de la educación. Como se sabe la implementación curricular y su gestión demandan el trabajo interinstitucional e intersectorial, lo que representa otra de esas mediaciones.
¿Existen espacios de participación y consulta para la sociedad civil y los diferentes actores de la comunidad educativa, sobre las políticas educativas de su país o localidad? ¿Cuáles?
El INEA tiene un órgano que surge en el 2000, el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT). El ánimo de su creación fue contar con un órgano que fomentase la interinstitucionalidad y la intersectorialidad, no sólo al interior del gobierno, sino también a través del diálogo con la sociedad civil organizada y la iniciativa privada, entre otros sectores, para poder desde allí favorecer el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas. No obstante, el CONEVyT no ha funcionado totalmente en estos años y tuvo fuertes limitantes. Hemos insistido que debe reavivarse, lo que todavía no se ha logrado en su totalidad.
Este Consejo consistía en un espacio de corresponsabilidad, que es lo que hemos exigido: la participación no sólo en la aplicación o en el desarrollo de la política pública, sino en su propio diseño. Hubo esperanzas cuando se creó ese espacio, incluso cuando se hacían reuniones preparatorias y de seguimiento a la CONFINTEA. Fue muy interesante porque participábamos gente de la sociedad civil, de las instituciones educativas, etc.
Pero, me parece que faltan espacios de participación social que realmente permitan la construcción de una política de Estado para la EPJA. Creo que el Instituto debe abrirse, y además de contar con una política de certificación de saberes adquiridos en la vida, debe mantener de manera fundamental su espíritu de educación con personas jóvenes y adultas en corresponsabilidad y participación con la sociedad civil.
Qué cambios para la educación de jóvenes y adultas/os implicó la reforma educativa que se impulsa en México?
Es algo sumamente complicado de señalar. Las diversas reformas educativas en el país se han centrado más en la educación regular obligatoria, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Este tipo de reforma no contempla la educación de personas jóvenes y adultas, pero de algún modo la toca. Por ejemplo, en el Estado de México, la educación está dividida en educación estatal (la que se encuentra bajo gestión de la Secretaría de Educación de cada departamento) y la educación federal (que responde a la Secretaría Nacional de Educación, llamada Secretaría de Educación Pública – SEP). Cada una tiene su sistema. Tenemos un solo libro de textos y un mismo currículo para todas las personas, es decir, hay un modelo educativo nacional. Sin embargo, las y los maestras/os pertenecen a uno de dichos sistemas. Cuando se hace la reforma educativa, ésta afecta a los dos sub-sistemas. En el sistema estatal, por ejemplo, muchas/os de las y los docentes que atienden a la EPJA son maestras/os normalistas, lo que afecta por lo tanto el proceso de implantación de esa modalidad educativa.
Para nosotros, más que una reforma educativa, se trata, al menos en este momento, de una reforma laboral que afecta a todas/os las y los docentes. En mi opinión, es una reforma punitiva y administrativa, que, más que reformar, sanciona a las y los profesoras/es y limita sus estancias de trabajo. Los múltiples relatos de docentes que se han evaluado me permiten sostener esta afirmación. Por otro lado, la reforma no toca los planes educativos fundamentales, el modelo educativo que queremos, y tampoco aborda la EPJA.
En general, la docencia en la EPJA depende del voluntariado social. Son educadores y educadoras voluntarias/os, sin formación, ni salarios dignos. Es una contradicción que se tenga un programa de educación para la vida y el trabajo, con una gestión institucional que se llama pago por productividad. Es decir, pagan a las y los docentes de la EPJA de acuerdo al número de estudiantes que logren formar, o hacer concluir sus estudios. Eso genera una tensión impresionante entre enseñar y acreditar. Es necesario superar esto. Conviene mirar experiencias en otros países en la región, cuya política pública en la materia avanza en muchos sentidos, por ejemplo en los procesos de formación de educadoras/es, si bien son complejos.
¿Cómo usted evalúa los presupuestos que el Estado actualmente asigna para garantizar la realización de la EPJA como derecho humano fundamental?
Los recursos han disminuido. Los montos de recursos disponibles no siempre son públicos, pero debido a la Ley de Transparencia, si uno lo solicita con fines lícitos y públicos, deben estar disponibles. Sin embargo, nos faltan más elementos para el monitoreo del financiamiento de la EPJA.
Hoy en día, tenemos menos del 1% del presupuesto educativo nacional invertido en la EPJA. Por un lado, tenemos el desafío de los escasos recursos, que son insuficientes para atender a 31,9 millones de mexicanos y mexicanas en situación de exclusión educativa; por otro lado, tenemos el problema de la distribución interna de estos recursos, que hace el INEA. Los montos se dedican muchas veces a la burocracia, y no a la formación docente. En suma, no sólo insuficientes, sino indignos.
¿Qué mecanismos de monitoreo y seguimiento a las políticas de EPJA hay en su país?
Hay monitoreos internacionales, pues México suscribe los compromisos de las CONFINTEAs. El INEA también hace sus propios estudios internos, trabaja con un sistema automatizado de seguimiento y acreditación, y registra los logros cuantitativos alcanzados.
En lo que toca a la información de la opinión pública, se presentan los resultados y logros respecto a monitoreos derivados de los acuerdos internacionales y de las obligaciones internas institucionales del Estado mexicano.
Pero, la observancia social, a partir del monitoreo de cifras, del análisis de lecciones aprendidas y de la sistematización de experiencias, es algo que todavía falta fortalecer. Es necesario consolidar una política de gestión que avance en indicadores cuantitativos y cualitativos fiables, los cuales permitan análisis contrastables de las políticas y programas de EPJA en el país. Además, hacen falta monitoreos participativos, que documenten las voces de los sujetos de esta modalidad educativa, no sólo los números.
¿Qué recomendación haría a las autoridades nacionales e internacionales, para que se impulse el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe?
Lo central para avanzar en el derecho a la EPJA tiene que ver con los modelos de desarrollo y de país que estamos proponiendo. Creo que el modelo de desarrollo neoliberal está dando muestras de sus tensiones y límites, generando fuertes disparidades.
Para nuestros gobiernos latinoamericanos, se hace absolutamente necesaria una política de Estado participativa y democrática. Es urgente avanzar hacia una política social cuyo diseño, desarrollo y monitoreo incorporen las miradas de la sociedad civil, no sólo como sujetos educativos, sino como sujetos de gestión, participativos, sujetos de derecho.
En segundo lugar, es necesario el aumento del financiamiento a la EPJA, con una revisión puntual de sus mecanismos internos de gestión, que priorice la realización del derecho a la educación, y no solo la certificación y aprendizaje. Nos falta también avanzar en la calidad educativa y debatir mucho más su concepto.
También, desde la realización de la CONFINTEA VI en el 2009 en Brasil, aumentaron los procesos de migración, y hay una gran población de migrantes centroamericanas/os. ¿Quién atiende a estas personas? Además, se observa una fuerte tendencia al envejecimiento, y no estamos atendiendo a una población amplia que está creciendo en la región y en mi país, de 60 años o más. En suma, creo que las políticas de la región tienen que mirarse a la luz de los cambios demográficos y políticos más recientes, así como de las transformaciones en el mundo del trabajo y en las nuevas ciudadanías, que determinan los modos por los cuales podemos gestionar el proyecto educativo para la EPJA hoy en día. Por fin, hace falta mirar la educación a lo largo de la vida desde una mirada generacional e intercultural, además de las perspectivas de género y etnia.
Finalmente, considero que es necesario abrir espacios para construirnos juntos como región global y aprender de propuestas actuales viables, pero orientadas a hacer realidad el derecho a la educación para todos y todas. Para ello, es necesario no perder la memoria, re-conocernos y recordar que lo viable también se construye.