Por Marina Martins Gonzalez, para la CLADE
De cara a la reunión de balance intermedio de la VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), que tendrá lugar en octubre en la República de Corea, divulgaremos una serie de entrevistas a expertas/os en educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) de América Latina y el Caribe, con miras a discutir los avances y temas pendientes respecto a la garantía de esta modalidad educativa como un derecho humano en nuestra región. Hasta la reunión de balance intermedio, publicaremos una entrevista cada mes, siempre con énfasis en el contexto de un país distinto. En esta primera edición, entrevistamos a Yadira Rocha, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) en Nicaragua.
En la entrevista, Rocha destaca los principales desafíos para la realización de la EPJA en su país como la falta de presupuesto para garantizar la necesaria cobertura en esta modalidad educativa, y la urgencia de repensar los contenidos que se enseñan a las personas jóvenes y adultas, para que sean más pertinentes y transformadores. “Miraría como retroceso la existencia de una educación muy bancaria, no una educación para el cambio, para pensar”, afirma. Lea la entrevista completa a continuación.
¿Qué avances y retrocesos pueden ser mencionados en el ámbito de marcos legales, políticos e institucionales en su país en lo que se refiere a la educación de personas jóvenes y adultas desde la CONFINTEA VI (Belém do Pará, Brasil)?
Hay cosas muy buenas que se están haciendo, pero como el Ministerio de Educación tiene una política de no divulgar, de encerrarse, no conocemos mucha cosa más allá de lo que sale en el periódico o porque vamos a algún evento y nos damos cuenta.
Con esos antecedentes, te diría que a nivel de marco jurídico, Nicaragua tiene uno de los marcos jurídicos mejores de América Latina, completo, una Ley General de Educación que se hizo con alta participación de las organizaciones sociales, hace ya muchos años. Pero el asunto es que, aunque tengamos un buen marco jurídico, no tenemos presupuesto para ejecutarlo. De nada sirve un marco jurídico de lo más completo, si no es respaldado por presupuesto acorde a lo que se aprobó.
En la parte política, sí que ha habido muchos avances en la educación de personas jóvenes y adultas en Nicaragua. Avances en el sentido de abrir las oportunidades de acceso, de abrir las modalidades. A lo mejor esos espacios no son tan masivos y no llenan todas las necesidades, eso ya es otra cosa. Pero se están abriendo, sobretodo en el área rural y desde el punto de vista formal.
El otro asunto también es ver hasta qué punto el contenido de esta modalidad llena las expectativas y satisface las necesidades de las personas jóvenes y adultas. Bueno, puede haber un buen marco jurídico, puede haber políticas pero, ¿cuál es la realidad? Se han abierto muchas oportunidades, hay un buen marco jurídico, pero la cobertura sigue siendo mínima, no cubre todo el país.
¿Y los retrocesos?
Más que retrocesos, miraría los vacíos. Un vacío histórico es la falta de presupuesto adecuado para la educación de personas jóvenes y adultas. Hasta hoy, no conocemos qué porcentaje del presupuesto que se pasa a la educación se le distribuye a la EPJA. Sí sabemos que es el mínimo. Quien, de cierta forma, ha cubierto ese vacío en los últimos años ha sido la cooperación española. Pero también la cooperación española ya se está retirando.
Miraría como retroceso la existencia de una educación muy bancaria, no una educación para el cambio, para pensar. Se sigue reproduciendo una educación que no optimiza la experiencia que tienen las organizaciones no gubernamentales en ciertos temas, que antes se optimizaba. Por ejemplo, con el trabajo sobre VIH/SIDA, que no es de una especialidad del Ministerio de Educación, entonces en las comunidades iban a las ONG especializadas en el tema y se trabajaba en conjunto. Hoy, a las ONG le han sido cerrados los espacios, no tienen mucho espacio para intervenir en la educación formal.
En su país, los recursos del Estado y presupuestos asignados para garantizar la realización de la EPJA como derecho humano fundamental, ¿Son suficientes? ¿Se han incrementado?
Esa información no se sabe. Hace siete años que no conseguimos información. Antes sí manejábamos porcentajes y todo, pero ahora eso es un secretismo. Sabemos que no se han incrementado. Ahora, si comparamos las cifras históricamente, no hay una correlación de aumento de cobertura y aumento de presupuesto.
¿En su país, existen políticas y proyectos específicos que contribuyan al derecho a la EPJA que sean pertinentes para grupos de población vulnerados? ¿Para qué sectores existen?
Las comunidades indígenas tienen sus programas especiales.
Ya para las mujeres, específicamente, no conozco proyectos específicos. Se hace un intento de decir que la política de mujeres es transversal. Ahora bien, no todo se hace desde el Ministerio de Educación y hay otros ministerios que aportan su visión. El Ministerio de la Familia hace todo un trabajo con las madres para educar a las hijas e hijos, desde muy chiquitas/os. Eso se da generalmente en los centros de salud, que a diario están llenos de mamás con niñas/os enfermas/os, y así se aprovecha y se pasan charlas, educación para familia, hay materiales interesantes dentro de la educación no formal.
Sobre la educación en las cárceles, ha habido programas desde el mismo sistema penitenciario nacional. Hace muchos años fue prioridad en el Ministerio de Educación, la educación en la cárcel. Ahora, he visto que se ha retomado con mucho énfasis. Tuvo una etapa en segundo plano y ahora se está retomando en primer plano. A mí, me parece que a veces eso se debe a condicionantes de la cooperación. Pero también hay una voluntad de ampliar la educación.
Hay también programas para las personas con discapacidad, se han incrementado las oportunidades. Se están capacitando a todas y todos las/os educadoras/es, tanto en las escuelas normales, como en las universidades, en lenguaje de señas. Este es otro avance que me parece interesante, que ya fue oficializado y aprobado en la Asamblea Nacional. Esta iniciativa debe llegar también a la EPJA.
En los programas para jóvenes y adultas/os trabajadoras/es, cada vez se da más importancia a iniciativas con alianzas público-privadas, que ya se daban en el país, pero no de manera formal. Lo que nosotros vemos es que la empresa privada lo que hace es fortalecer o mejorar las capacidades de sus trabajadoras/es, para que puedan manejar mejor su máquina, mejorar su trabajo en su fábrica. Esa es la tendencia mundial, neoliberal, que incluso fue aprobada en el Foro Mundial de Incheon.
¿Existen espacios de participación y consulta para la sociedad civil y los diferentes actores de la comunidad educativa, en especial educandas/os y educadoras/es de la EPJA, sobre las políticas educativas de su país o localidad?
Ninguno. Se cerraron todos los espacios. Están totalmente cerrados, a nivel general de la sociedad civil.
Hay unos espacios gubernamentales que se han creado en los municipios, que se les llaman Gabinetes de Educación Municipal, donde se hacen consultas, pero la verdad es que no funcionan. O sea, sí están mencionados, sí están en la política, pero hemos investigado y esos espacios están allí pero no son utilizados, no son convocados.
Se cerraron el Foro de Educación y la Coordinadora de la Niñez, así como todos los espacios grandísimos que reunían las redes nacionales. Los espacios donde había discusión y participación fueron bloqueados y no son tomados en cuenta.
¿Qué mecanismos de monitoreo y seguimiento se han establecido para las políticas de EPJA en su país?
Hacen evaluaciones trimestrales, pero es mucho desde lo interno, no con amplia cobertura. Sí tienen sus mecanismos, pero es algo interno, no hay una consulta o una evaluación amplia.
¿En qué medida el Estado se hace cargo de garantizar el derecho a la EPJA en su país, y en qué medida se ausenta o transfiere esa responsabilidad al sector privado, ONG u organizaciones comunitarias?
El Estado lo quiere asumir todo y no quiere que las ONG intervengan, pero no tiene capacidad para asumirlo todo. Entonces, hace las alianzas público-privadas, pero no hay alianzas con los organismos no gubernamentales, sí con lo privado.
¿Y cómo funcionan esas alianzas?
Son centros que se forman en las mismas empresas, por ejemplo. Está la intención de hacer escuelas departamentales o regionales de educación de personas jóvenes y adultas con la empresa privada más dirigidas hacia lo laboral, los oficios, desarrollar capacidades…
¿Hay alianzas con las organizaciones comunitarias?
Están bloqueadas. Hay muy poco espacio para las organizaciones comunitarias, las cuales actúan casi arriesgándose a que las cierren. Hay experiencias, pero no son fortalecidas, no son impulsadas, y a veces son como semiclandestinas.
¿Qué recomendación haría a las autoridades de su país y a autoridades internacionales, para que se impulse el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe?
Desde la experiencia que he vivido y hemos vivido en Nicaragua, y las que he conocido en otros países, una recomendación fundamental es abrirse y sumar voluntades y esfuerzos. La demanda es grande, a cada día la demanda crece y crece. A veces los gobiernos se cierran por celos, pero digo que la apertura, la coordinación, la concertación hace la fuerza. Este aspecto aquí ha sido un retroceso, porque hubo mucha apertura en un momento y mucho trabajo conjunto. La otra recomendación es el seguimiento y la evaluación a las ofertas que se tienen.
También es necesario pensar en cómo motivar y hacer una campaña fuerte sobre la importancia de la educación y para que se abran los contenidos: la formación en ciudadanía, el conocer las instituciones, el poder manejarse en su medio, a veces eso no lo saben las y los jóvenes. No hay una educación ciudadana. Todo ese trabajo no se puede hacerlo sólo, se hace en articulación y alianza.
La otra cosa es el presupuesto. Hay que buscar otras formas y fuentes de financiamiento para la educación. Es necesario que los gobiernos articulen políticas y consensuen con la empresa privada sobre dónde dirigir sus esfuerzos, garantizando una educación para la ciudadanía, no para el mercado. Creo que en América del Sur ya tienen años de relación con el sector privado en este tema, pero en Centroamérica, los países más pequeños y pobres están entrando por primera vez en ello, y necesitamos aprender de las experiencias del Sur y otros tipos de experiencias para no caer en el mismo tipo de errores.