En Uruguay, la educación secundaria alcanzó a 100% de las cárceles. Para conocer mejor los logros y desafíos del país en esta materia, se entrevistó la Prof. Sandra Gardella, una de las coordinadoras nacionales del Programa Educación en Contextos de Encierro
Foto: Adelaida Entenza
En Uruguay, las iniciativas que abarcan educación primaria, secundaria, capacitación técnica-profesional y algunas del ámbito de la educación universitaria alcanzan a aproximadamente 30% de las personas privadas de libertad. Y el programa de educación secundaria en contexto de encierro ha alcanzado a todas las unidades carcelarias y penitenciarias del país.
Para conocer mejor la situación del país en materia de educación en las cárceles, el Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI) entrevistó la Prof. Sandra Gardella, una de las coordinadoras nacionales del Programa Educación en Contextos de Encierro, iniciativa que desde el 2001 busca garantizar el derecho a la educación secundaria de las personas privadas de libertad. “Un desafío importante refiere a implementar un sistema de acompañamiento en la etapa de egreso de la persona privada de libertad, el nexo entre el adentro y el afuera, que no solo pasa por las cuestiones educativas sino que va mucho más allá”, señala.
Según el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), al mes de agosto de 2015, la población adulta privada de libertad comprendía un total de 9.982 personas, de las cuales 93,8% son hombres. A su vez, 59 niños/as pequeños/as se encuentran viviendo en establecimientos carcelarios con sus progenitoras y actualmente existen 18 mujeres embarazadas en situación de privación de libertad. En Uruguay, solo los/as menores de cuatro años de edad pueden permanecer con sus madres en los establecimientos de reclusión y en casos muy excepcionales esta permanencia puede extenderse hasta alcanzar los ocho años de edad.
¿Del total de instituciones penitenciarias que integran el sistema nacional, cuántas se encuentran integradas a este programa?
A partir de la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, en el 2010, la cobertura del programa se fue ampliando y actualmente abarca todos los establecimientos que tienen población estable, lo que supone un total de 22 establecimientos en todo el país. En términos de porcentaje, es posible afirmar que el programa tiene una cobertura del 100% del país, dado que únicamente no se encuentran integrados aquellos establecimientos de alojamiento transitorio o aquellos destinados a lo que se denomina unidades productivas [destinadas a emprendimientos productivos por parte de las personas privadas de libertad].
¿Cuántas personas privadas de libertad participan del programa?
En la actualidad participan de este programa unas 2.300 personas privadas de libertad, de las cuales un 75% cursa ciclo básico y el resto bachillerato. Si tenemos en cuenta que también se encuentran en el ámbito carcelario programas de educación primaria y otras iniciativas de educación formal, podemos considerar que el porcentaje de las personas privadas de libertad con acceso a educación formal supera el 30%. Adicionalmente, también se desarrollan diversas propuestas de educación no formal en el ámbito carcelario. En todo este proceso ha sido determinante la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, vigente desde el año 2007.
¿Y en lo que refiere al promedio de edad de la población participante?
La gran mayoría se encuentra entre los 19 y 28 años de edad. Muchas de las personas que participan del programa de educación secundaria provienen del grupo de estudiantes que acreditó educación primaria en la cárcel. En varias de las unidades penitenciarias hay un buen transito educativo entre primaria y secundaria.
¿Cuántos son los y las docentes que se encuentran a cargo de los cursos, y qué grado de formación requieren?
Básicamente, se cuenta con un promedio de 15 docentes por establecimiento, lo que implica que en la actualidad el número de docentes a cargo de los cursos supera los 300.
Los y las docentes que trabajan en contextos de encierro no cuentan con una preparación específica, dado que en el país no existe la posibilidad de cursar una formación específica para esta modalidad educativa.
¿Desde un enfoque de género, qué impactos es posible identificar sobre la situación de las mujeres privadas de libertad y su participación en los programas educativos?
Las mujeres caen presas con su familia, no se divorcian del afuera y eso también se traduce en su participación en los espacios educativos. La maternidad y los roles que le son asignados a las mujeres, siguen estando presentes en este ámbito. La cuota emocional es mucho más alta. Los hombres cuando se encuentran privados de libertad pasan a ser “atendidos” por las mujeres que integran su contexto familiar o personal (compañeras, esposas, madres, hijas) y en general “se despojan del afuera”.
Por otro lado, hay un mito de que la mujer privada de libertad es más compleja, lo que se retroalimenta continuamente desde todas las dimensiones y ámbitos, la cárcel de mujeres es catalogada “como más brava”. Éstos son algunos de los estereotipos o estigmas que se encuentran presentes y que hay que superar.
¿El programa habilita espacios de participación y decisión para las propias personas privadas de libertad?
No hay espacios previstos de participación directa en la gestión de los programas educativos, incorporar instancias de participación sistematizada es una preocupación y un desafío vigente. Cabe mencionar que en las jornadas de reflexión y debate sobre educación en contextos de encierro [para docentes y gestores] recientemente realizadas, se llevaron adelante instancias de intercambio y participación con las personas privadas de libertad.
¿Entre los logros o avances más recientes, que aspectos es posible destacar?
En el ámbito del INR, se puede destacar la creación de los Departamentos de Gestión de Educación y Cultura, que dependen del área de Coordinación de Educación y Cultura, cuya finalidad es jerarquizar la educación y la cultura como derechos en el contexto carcelario.
Por otro lado, a partir del año que viene se incorpora en el marco del Programa de Educación en Contextos de Encierro, una nueva figura que es la figura del “referente” que asumirá roles específicos en cuanto a orientación pedagógica y nexo administrativo a nivel territorial. Como cargo de gestión territorial permitirá ampliar las posibilidades de gestión del programa y un seguimiento más próximo. Actualmente el programa cuenta con dos cargos de coordinación en todo el país.
Otra de las cuestiones que es posible destacar, refiere a la incorporación de la educación sexual. Desde el mes de julio se viene desarrollando una iniciativa en tres cárceles de Montevideo, con la perspectiva de expandirse a todo el país. Consiste en la formación de duplas de trabajo con un docente referente en la materia.
¿Pensando en los principales desafíos para que el derecho a la educación de las personas privadas de libertad se pudiera realizar plenamente, cuáles se ubicarían entre los más relevantes?
Por un lado, avanzar en generar la especificidad de formación docente para trabajar en el ámbito carcelario. Aunque todavía no se ha ahondado en los posibles formatos, es una inquietud presente y existe una clara voluntad de avanzar hacia ello.
Otro aspecto refiere a mejorar el acompañamiento de las trayectorias educativas, lograr una más amplia articulación entre las diferentes instituciones educativas que se encuentran desarrollando programas educativos en contextos de encierro, así como la articulación entre las diferentes modalidades y niveles de educación que se desarrollan en el ámbito carcelario. Un desafío importante refiere a implementar un sistema de seguimiento en la etapa de egreso de la persona privada de libertad, el nexo entre el adentro y el afuera, que no solo pasa por las cuestiones educativas sino que va mucho más allá.
A su vez, el rol y los esfuerzos desde las instituciones y autoridades penitenciarias son fundamentales, dado que en muchos casos priman las cuestiones relativas a la seguridad sobre el derecho a la educación.
En términos generales, los desafíos suponen el diseño de un plan educativo nacional para contextos de encierro que contemple todos estos aspectos, que abarque todos los subsistemas, un plan educativo contextualizado y con una modalidad evaluativa diferente.
Prof. Sandra Gardella, una de las coordinadoras nacionales del Programa Educación en Contextos de Encierro, Uruguay