Por Marina Martins Gonzalez, para la CLADE
De cara a la reunión de balance intermedio de la VI Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VI), que tendrá lugar en octubre en la República de Corea, divulgamos una serie de entrevistas a expertas/os en educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) de América Latina y el Caribe, con miras a discutir los avances y desafíos pendientes respecto a la garantía de esta modalidad educativa como un derecho humano en nuestra región.
En esta cuarta entrega, entrevistamos a Jorge Camors, investigador de la EPJA en Uruguay, quien entre otras recomendaciones sugiere que sean creadas instituciones y políticas inter-institucionales específicas para la educación de personas jóvenes y adultas y se amplíe la investigación sobre esta modalidad educativa, con miras a desarrollar propuestas educativas pertinentes para todas las personas jóvenes y adultas/os en todo el país. “La producción de conocimiento hoy está fuertemente orientada a la infancia y a la adolescencia y es casi inexistente para la EPJA”, afirma.
Lea la entrevista completa a continuación.
¿Cuáles son los principales avances y/o retrocesos registrados en materia de marcos legales, políticos e institucionales de la EPJA en su país, desde la CONFINTEA VI en Belém do Pará, Brasil?
La voluntad política que se instala a partir del año 2005, se acompaña del reconocimiento de la EPJA, que finalmente queda plasmado en la Ley General de Educación aprobada en 2008.
En primer lugar, habría que definir previamente lo que entendemos por educación de personas jóvenes y adultas. En un sentido más reducido, se ha pensado en políticas de culminación de la educación media obligatoria. En un sentido más amplio, podríamos estar hablando además de programas de educación no formal para personas jóvenes y adultas que incluyen contenidos para la construcción de ciudadanía, y otros vinculados con la formación para el trabajo, etc.
Del año 2009 hasta la fecha, es necesario precisar algunos cambios que se han dado en nuestro país. En el año 2009, a mí me tocó concurrir como jefe de delegación a la Conferencia en Belém, como consecuencia del trabajo que se venía desarrollando en el país desde 2005. Y en el año siguiente, en el año 2010, cuando se iniciaba un nuevo gobierno, hubo continuidad política y hubo continuidad en las políticas de educación de personas jóvenes y adultas en sentido amplio.
Por resolución del Presidente de la República, se creó un comité interinstitucional para la articulación y la coordinación de los programas de educación de personas jóvenes y adultas. En ese sentido y entre otras acciones, se hizo un convenio con la Universidad de la República a los efectos de identificar los diferentes programas y la población que estaba participando en ellos. Esto fue algo inédito, pues la educación de personas jóvenes y adultas hasta el año 2005 era entendida en Uruguay en un sentido reducido, como la culminación de la educación primaria. Los que estaban a cargo de la educación media obligatoria no lo hacían con la perspectiva de la educación de jóvenes y adultas/os, y no tenían dispositivos específicos para estas personas. Luego, se empezaron a implementar algunos programas especiales para que las personas jóvenes y adultas culminaran la educación media. A partir del año 2009, este comité genera una serie de relaciones, realiza publicaciones y hace una difusión amplia de las tres líneas: la culminación de la educación media obligatoria, los programas de educación no formal para la construcción de ciudadanía y también los vinculados a la política de formación profesional y empleo.
Esto, de alguna forma, tuvo un importante desarrollo desde el 2009, cuando se realizó en Belém la CONFINTEA VI, hasta marzo de 2015. A partir de ese momento, asistimos a un cambio de autoridades, en la educación y en el país, que si bien bajo la misma continuidad política de años anteriores, se percibe un pequeño cambio en la política de educación de personas jóvenes y adultas: la prioridad del país se coloca en la culminación de la educación media y en que todos los niños, niñas y adolescentes hasta 17 años estén escolarizados. Si bien se comparte la preocupación y necesidad de concentrar esfuerzos para alcanzar esa meta, desde mi concepción, esa política debería estar acompañada por una fuerte política de educación de personas jóvenes y adultas, procurando elevar el nivel educativo de toda la población y lograr un importante impacto cultural.
¿Se podría mencionar algún avance significativo en lo que toca a los marcos legales de EPJA?
Hubo avances significativos en los marcos legales, porque hubo voluntad política de impulsar la educación en general y la EPJA en particular, a partir del 2005. Hubo un desarrollo legal significativo en diciembre de 2008, cuando se aprueba la Ley General de Educación, que por primera vez en la historia de nuestro país, incorpora la educación de personas jóvenes y adultas, tanto a nivel formal como no formal, y se crean ámbitos organizacionales en el Sistema Nacional de Educación Pública para promover la coordinación y el desarrollo de los programas.
Otro aspecto a destacar es la creación por ley en 2008, del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, con recursos provenientes de empresarios, trabajadores y gobierno, que diseña y ejecuta programas de formación profesional y de creación de empleo. La ley crea un órgano de conducción de integración tripartita, pero la parte del gobierno debe estar integrada por representantes de los Ministerios de Trabajo y de Educación. Se crean las bases para la articulación de educación y trabajo. Este instituto ha colaborado fuertemente en los programas de culminación de la educación media obligatoria, además de los específicos de acuerdo a sus cometidos.
¿En su país, existen políticas y proyectos específicos que contribuyan al derecho a la EPJA que sean pertinente para grupos de población vulnerados?
La población uruguaya ubicada en área rural, por las características del territorio y de las ciudades y pueblos, es del orden del 5,34% (Censo, 2011). Tenemos un país altamente urbanizado y un fenómeno histórico de migración del campo a la ciudad. Por lo tanto, debemos tener dispositivos muy focalizados y específicos para llegar a ciertos puntos del país para atender a la población rural. Uno de los instrumentos que se ha desarrollado en los últimos años es el transporte gratuito para todas las personas menores de 18 años que quieran estudiar educación primaria y media, incluso con la dotación de recursos nacionales y departamentales para que se pueda implementar transporte gratuito para todos los estudiantes. Pero el fenómeno de la educación rural como modalidad educativa y la culminación de la educación primaria y media básica a nivel rural, tienen que ser tomados de manera específica, porque eso significa llegar a algunos puntos específicos y aislados del territorio nacional.
Respecto a la educación de las personas con discapacidad, podemos decir que su visibilidad y la consciencia sobre su importancia han aumentado, pero también es cierto que tenemos pocas herramientas e instrumentos desarrollados para ese sector de la población aún. Se ha avanzado en marcos legales, que propician la inclusión, y empieza a haber más formación. Sin embargo, hay una preocupación mayor hacia los niños, niñas y jóvenes con discapacidad que hacia las y los adultas/os mayores con esa condición.
Respecto a la educación en contexto de encierro, desde el 2005, se viene observando un avance en las políticas. Del 2005 al 2010, se instaló la coordinación de cursos de la educación primaria, educación técnico-profesional y educación media en los ámbitos de privación de libertad, así como la educación no formal para jóvenes y adultos en esos ámbitos. Luego, estos centros de privación de libertad fueron separados del Ministerio de Interior y se creó una institución específica: Instituto Nacional de Rehabilitación. El personal que convive con los reclusos hoy está compuesto por civiles, que son reclutados, seleccionados y capacitados como profesional no policial. Eso ha facilitado la introducción de actividades educativas, artísticas, culturales y productivas en los centros de privación de libertad, con un rol cada vez más relevante de las propuestas educativas formales y no formales en el interior de estos centros. A su vez, en el período 2005 – 2009, se aprobó una ley que conmutaba años de pena por años de trabajo y/o de educación, que constituye un incentivo a la EPJA.
¿En su país, existen políticas y proyectos específicos de EPJA que sean pertinentes para personas en situación de pobreza?
Sí. En el año 2005, se creó el Ministerio de Desarrollo Social y con ello se pasó a tener una preocupación específica del gobierno y de instituciones estatales por llegar a sectores de la población que enfrentan situaciones de vulnerabilidad social, con programas de salud y nutricional, de inserción económica, y también educativos, que incluyen la capacitación laboral. Inclusive, muchas veces la participación en programas educativos opera como contrapartida para la participación en programas sociales y para la obtención de apoyos económicos. A partir del 2005, se han eliminado los límites de edad para acceder a las becas de apoyo económico para la culminación de la educación media obligatoria que otorga el MEC, lo que ha posibilitado que abarcasen a la EPJA.
¿Existen espacios de participación y consulta para la sociedad civil y los diferentes actores de la comunidad educativa, en especial educandos y educadores de la EPJA, sobre las políticas educativas de su país o localidad?
En primer lugar habría que señalar que las políticas públicas a partir del año 2005 se proponen en forma abierta y en el marco de “la cultura de la participación”.
En segundo lugar y con respecto a la EPJA, en el año 2007, un decreto presidencial creó un comité interinstitucional preparatorio de la CONFINTEA VI. En 2008, en la Conferencia Latinoamericana preparatoria de CONFINTEA VI, la delegación oficial del Uruguay incluyó representantes del gobierno (Ministerio de Educación y ANEP), así como de la sociedad civil (ICAE). En Belem, la delegación oficial incluyó además de los participantes en 2008, a representantes del gobierno (Ministerio de Desarrollo Social) y de la sociedad civil (UNI3). En el año 2010, nuevamente por decreto presidencial, se crea un comité interinstitucional para la articulación y coordinación de los acuerdos de CONFINTEA en la educación de personas jóvenes y adultas. Ambos comités fueron integrados por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo ICAE, REPEM y CEAAL, y en el segundo caso se incorporó Uni3, que es la universidad abierta para la tercera edad de Uruguay. El comité de 2010 generó convenios con la universidad estatal, coordinó el relevamiento de instituciones y programas y asesoró el Ministro de Educación en cuanto a las disposiciones que este Estado debería adoptar en las políticas de EPJA. Este comité se discontinuó en marzo de 2015, pero cabe esperar que en una fecha próxima se pueda volver a reactivar esta mirada más amplia sobre la educación.
La CONFINTEA VI resultó un interesante motivo para desarrollar una política de educación de personas jóvenes y adultas desde el MEC porque en Octubre de 2005, se creó un Grupo de Trabajo asesor del MEC, que posteriormente se institucionaliza en los Comités interinstitucionales creados posteriormente en 2007 y 2010. Desde estos comités y a lo largo de los diez años, se convocaron a Foros de consulta a educadores, instituciones públicas y privadas y otros actores, cuyas producciones quedaron plasmadas en diversas publicaciones.
En su país, los recursos del Estado y presupuestos asignados para garantizar la realización de la EPJA como derecho humano fundamental son suficientes?
Hubo un proceso gradual y creciente de financiamiento por parte del Estado a la educación pública. No sólo se pasó del 2,9% del PBI en el 2005 al 4,6% del PBI en el 2010, sino que estamos hablando de una economía que creció mucho. A este contexto de crecimiento del financiamiento, se sumó la reinstalación de la educación de personas jóvenes y adultas en la Administración Nacional de Educación Pública, y otras instituciones empezaron a coordinar acciones de distintos tipos para esta modalidad educativa. El gobierno ha comprometido incrementar el presupuesto de la educación hasta el 6% del PBI, con una economía que si bien ha descendido los niveles de crecimiento, sigue creciendo. Por lo tanto, si bien en educación los recursos nunca resultan suficientes, podríamos decir que hay recursos. El desafío es “gastar mejor” articulando todos los recursos ya desplegados por diferentes instituciones, en todo el país.
¿En qué medida el Estado se hace cargo de garantizar el derecho a la EPJA en su país, y en qué medida se ausenta o transfiere esa responsabilidad al sector privado, ONG u organizaciones comunitarias?
Podemos decir que predomina en el país, por un lado, la preocupación de elevar el nivel de eficacia de la educación media obligatoria y que, por otro, hay una fuerte preocupación y dotación de recursos para ampliar la formación profesional y la formación terciaria, vinculadas al mundo del trabajo. De todos modos, ha crecido la oferta educativa, especialmente en el período de 2010 a 2015, con mayor amplitud y variedad y mayores oportunidades a la población joven y adulta para seguir aprendiendo en todo el territorio nacional.
Actualmente, el Estado define las políticas de EPJA y establece fondos, para las acciones que realiza el MEC, ANEP, MIDES, así como a nivel terciario la Universidad de la República y UTEC. En el caso de INEFOP haciendo llamados a las organizaciones no gubernamentales para que desarrollen algunas de las acciones previstas.
Se destaca, de otra parte, la Uni3, la Universidad de la Tercera Edad, en que prácticamente de forma honoraria y voluntaria muchas personas se encargan de ofrecer educación para la tercera edad. Se trata de un esfuerzo de la sociedad civil importante, auto-gestionado y sin apoyo significativo por parte del Estado, pero con gran militancia.
Las demás organizaciones de la sociedad civil, en general, desarrollan acciones con financiamiento del Estado.
¿Qué recomendación específica haría a las autoridades de su país y a autoridades internacionales, para que se impulse el derecho a la educación de las personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe?
Es importante realizar esfuerzos para generar, articular y desarrollar ámbitos institucionales e interinstitucionales específicos para la EPJA, como forma de dar mayor visibilidad a los derechos, deberes y programas de esta modalidad educativa, promoviendo a la vez la participación en ellos. Las políticas educativas para la formación en ciudadanía, la formación profesional para el empleo y la culminación de educación media obligatoria, requieren de ámbitos organizativos que las piensen, impulsen y coordinen.
La segunda recomendación se vincula a incrementar los niveles de investigación. La producción de conocimiento está fuertemente orientada a la infancia y a la adolescencia y es casi inexistente para la educación de personas jóvenes y adultas. El conocimiento de la situación de los jóvenes y los adultas/os, sus posibilidades y necesidades, es fundamental para poder pensar propuestas educativas sustentables y con mejores resultados en materia de aprendizaje. Las políticas y el diseño de programas requieren estar sostenidos en evaluaciones e investigaciones, y la academia debe jugar un rol mucho más activo en estos temas.
La tercera y última recomendación tiene que ver con el perfil del educador. Creo que se requiere un perfil específico para trabajar a nivel formal y no formal en la EPJA. El educador de personas jóvenes y adultas requiere una formación universitaria y específica, lo que hasta ahora es inexistente en nuestro país. La especificidad de estas prácticas educativas requiere de una sólida formación y de un perfil de educador formado para llevarlas a cabo, en forma reflexiva, creativa, profesional y comprometida.